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Datos del artículo

Año | Year: 2024

Volumen | Volume: 12

Número | Issue: 2

DOI: https://doi.org/10.17502/mrcs.v12i2.799

Recibido | Received: 17-5-2024

Aceptado | Accepted: 11-10-2024

Primera página | First page: 1

Última página | Last page: 9

Resumen

Las sociedades posconflicto son aquellas que luego de haber enfrentado décadas de guerras intraestatales se encuentran en un proceso de estabilización política y en el cual el impacto del cambio climático se ha impuesto como factor multiplicador del conflicto armado. La construcción de la paz ambiental o Environmental Peacebuilding es el enfoque más aplicado en la posguerra, proveniente de las agencias internacionales como el Banco Mundial y Naciones Unidas para el Desarrollo, centrado en la eficacia de la gestión de recursos naturales, reforma agraria y medición del impacto ambiental del posconflicto. Esta nota de investigación argumenta que la importancia del enfoque para la resolución del conflicto armado a largo plazo radica en la relevancia del conocimiento especifico y participación de las comunidades locales, un aspecto que queda pendiente en el enfoque de estas agencias. El trabajo combina una revisión de literatura teórica, empírica y aplicada. Se anticipa enfatizar en aspectos como la reestructuración del acceso a la tierra, protección del medio ambiente y monopolización de la violencia estatal como factores clave centrado en la aportación de las comunidades locales para una paz duradera. 

Palabras clave: paz ambiental, sociedades posconflicto, sociología de la guerra, organismos internacionales, cambio climático,

Abstract

Post-conflict societies are those that, after facing decades of intra-state wars, are in a process of political stabilization where the impact of climate change has emerged as a threat multiplier of the armed conflict. Environmental Peacebuilding is the most applied approach in the postwar phase, originating from international agencies such as the World Bank and the United Nations Development Program, focusing on the effectiveness of natural resource management, land reform, and assessment of post-conflict environmental impact. This research note argues that the importance of a long-term resolution lies in the relevance of specific knowledge and participation of local communities, an aspect that seems pending in this approach. The article combines a review of theoretical, empirical and applied literature. It anticipates emphasizing aspects such as the restructuring of land access, environmental protection, and the monopolization of state violence as key aspects centered on the contribution of local communities for a stable peace.

Key words: environmental peacebuilding, post-conflict societies, sociology of war, international organizations, climate change,

Cómo citar este artículo

Malamud, M. (2024). Paz ambiental y gestión local en sociedades posconflicto. methaodos.revista de ciencias sociales, 12(2), m241202n01. https://doi.org/10.17502/mrcs.v12i2.799

Contenido del artículo

La correlación entre ambiente y violencia está en el centro de las guerras civiles y conflictos internos desde hace décadas. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, al menos 40% de los conflictos intraestatales se han relacionado con la explotación de los recursos naturales y a partir del fin de la Guerra Fría, el financiamiento de más de 35 conflictos en el mundo se ha apoyado en la venta de productos primarios de alto valor en el mercado como diamantes, madera y coltán, entre otros (Bruch, 2022)^Ref5.

La investigación marco de este trabajo se centra precisamente en el vínculo entre medio ambiente y guerra intraestatal, considerando el factor ambiental de los conflictos armados de los últimos veinte años. Los casos mundiales relevados hasta el momento permitieron tipificar cuatro patrones socioambientales: los conflictos por los recursos naturales refiere a los enfrentamientos intraestatales por el control y explotación de bienes primarios; la ecología de la guerra, se vincula al daño ecológico no premeditado antes, durante y después de las guerras internas (por ejemplo, la contaminación ambiental como efecto de los conflictos); el ecosistema como blanco del conflicto se da cuando existe contaminación de los recursos naturales como una estrategia de guerra; y el cambio climático como factor acelerador de los conflictos se reconoce como la correlación entre los efectos del cambio climático y la violencia, en países vulnerables al cambio climático con una frágil presencia del estado en la gestión de temas ambientales y resiliencia (Malamud, 2018)^Ref15.

La premisa principal es que los grupos sociales interactúan con el medio ambiente no sólo para asegurar su supervivencia sino también para ejercer su poder sobre los demás. El medio ambiente como factor clave en la emergencia de distintas formas de conflicto, se puede analizar desde variables como causa, intensidad y exposición pública, para distinguir aquellos que escalan al nivel de guerra interestatal respecto de otros que pueden permanecer como disputa social (Malamud, 2018)^Ref15.

En esta nota de investigación se analiza la construcción de la paz ambiental, limitaciones y medición de eficacia a la luz de una revisión de literatura teórica sobre medio ambiente y guerra, empírica sobre casos locales concretos y aplicada, en cuanto a las agencias internacionales. La conclusión anticipada es que la noción de paz ambiental procedente de las agencias internacionales no resuelve el problema de la sustentabilidad ambiental y estabilización política, porque prioriza aspectos técnicos y una visión macro del conflicto, considerando a las comunidades locales como agente de intervención en vez de socio estratégico. Se sostiene aquí que las comunidades locales son, en realidad, la pieza fundamental de conocimiento especifico, gestión y mantenimiento de la paz duradera en las sociedades posconflicto.

Con base a lo anterior, se proponen dos argumentos centrales: a) La importancia de las cuestiones medioambientales en los conflictos violentos, organizados o armados, considerando que el cambio climático ejerce un efecto de presión sobre las tensiones sociopolíticas existentes; y b) que la paz ambiental es relevante en cuanto se base en la realidad local multidimensional y sus actores sociales principales.

Si bien el nexo entre cambio climático y conflicto (desde guerra a conflicto social estructural) continúa siendo cuestionada pues las investigaciones hasta el momento no han arrojado conclusiones exhaustivas que vinculen las crisis climáticas o el aumento de la temperatura global con la emergencia de la violencia (Buhaug et al., 2014)^Ref4 cada vez más casos en el mundo confirman la premisa de que el cambio climático es un factor de riesgo y multiplicador de tensiones políticas preexistentes.

El concepto de cambio climático como factor multiplicador de las amenazas surgió de un reporte para el Departamento de Defensa de Estados Unidos publicado en el Center for Naval Analysis. En el informe se considera que el cambio climático proyectado exacerbará los estándares ya marginales de estabilidad de numerosas naciones de África, Asia y el Medio Oriente, causando una instabilidad política y fragilidad estatal. El cambio climático establece una nueva presión sobre condiciones económicas y ambientales ya frágiles disminuyendo la producción de alimentos, el acceso a agua potable y tierra arable, provocando desplazamiento de grandes poblaciones en busca de recursos. Esto fomenta las condiciones para reiniciar conflictos internos, el autoritarismo y las ideologías radicales (Goodman y Baudu, 2023)^Ref9.

Un informe de la agencia gubernamental United States Agency for International Development (USAID, 2014)^Ref20 concluye que en la comprensión de la dinámica de los conflictos internos (con base en Uganda, Etiopia, Níger, Burkina Faso y Perú) el cambio climático, especialmente reflejado en el aumento de temperatura, tiene un importante impacto en la supervivencia y desarrollo económico de comunidades agricultoras, la gestión de las instituciones políticas y las relaciones interpersonales. Esto deja de lado la idea de una causalidad directa entre cambio climático y conflicto, pero agrega esta categoría al análisis del conflicto como relevante para las agencias de asistencia internacional e intervenciones programáticas.

En esa misma línea, una perspectiva posible en el vínculo entre los efectos no gestionados del cambio climático y la emergencia de los conflictos, que van desde conflictos sociales a guerras internas, considera que los humanos están inconfortables y se comportan más agresivamente cuando experimentan temperaturas más altas de las habituales (Le Billon, 2009^Ref14; Werrell y Femia, 2019^Ref22). Desde allí, existen dos posibles formas de analizar de qué manera el clima se convierte en una variable en la emergencia de conflictos: por escasez de recursos o codicia. El primero se da en contextos de relativa deprivación de recursos naturales a partir de inundaciones, sequias u otras crisis climáticas que impactan la disponibilidad de comida, donde la violencia puede aparecer como competencia intergrupal por el control de los recursos que quedan. El mecanismo de codicia, por el contrario, se apoya sobre la disponibilidad de recursos naturales de alto valor en el mercado y de ello derivan luchas por el control y comercialización de estos (Humphreys, 2005)^Ref10.

El cambio climático como variable relevante en patrones de violencia interpersonal y conflictos internos es predominante en economías agrícolas altamente dependientes de pocos bienes primarios con valores extraordinarios en el mercado, pero bajo valor agregado. La dependencia sobre los recursos naturales es tan relevante que cualquier cambio tiene consecuencias directas en la sustentabilidad de las poblaciones locales (Malamud, 2020)^Ref16. En términos generales, países que dependen de la riqueza de algunos pocos recursos agrícolas, tienden a un ciclo repetido de violencia civil y gobiernos autoritarios, como ocurre con países dependientes de la venta del petróleo (Humpreys, 2005)^Ref10.

En la etapa del posconflicto, la gestión ambiental se convierte en un aspecto decisivo para la pacificación duradera. La mitigación de las crisis climáticas, la implementación de medidas de sostenibilidad ambiental y la distribución equitativa de la tierra son elementos clave en los procesos de estabilización de estos países altamente dependientes de los recursos naturales. Sin embargo, el ciclo de inequidad social, la vulnerabilidad al cambio climático y la explotación indiscriminada de recursos naturales y la deforestación limitan la eficacia de las medidas posconflicto, dificultando la estabilización política.

Las Sociedades posconflicto se caracterizan por el cese de las hostilidades armadas, los acuerdos de paz y un estado de inestabilidad política en la transición. Estos períodos son críticos para la reconstrucción social, política y económica, así como para la reconciliación entre comunidades divididas que enfrentan desafíos multifacéticos; es considerado que los países en etapa de posconflicto representan aproximadamente 1800 millones de personas en el mundo simbolizando un desafío importante para los gobiernos durante la transición hacia la paz y la estabilidad económica (Moritz et al., 2023)^Ref19.

En este contexto, los esfuerzos a favor de la reconstrucción son fundamentales ya que las estructuras gubernamentales y legales, incluso aquellas vinculadas a la esencia misma del rol estatal como es el monopolio de la violencia en todo el territorio, han sido erosionadas durante el conflicto. La justicia transicional es otro elemento concluyente para abordar los crímenes cometidos durante el conflicto y proporcionar reparación a las víctimas; esto puede incluir comisiones de verdad, tribunales especiales o programas de reparación y permite trabajar sobre la reconciliación social, que es básica para que no surja nuevas formas de la violencia.

El paradigma de la reconstrucción centrado en la fragilidad ambiental, gestión de los recursos naturales y migración forzada ha sido protagonizado desde 1999 por la comunidad internacional centrada en la gestión de recursos naturales y restauración de infraestructura critica, siendo los principales actores el Banco Mundial y el programa de Naciones Unidas para el medio ambiente (UNDP). Ambas agencias han trabajado en la reparación del impacto ambiental del conflicto como el legado de armas, minas terrestres y municiones sin detonar, el desplazamiento humano, el uso de industrias extractivas para financiar el conflicto, el impacto en la infraestructura urbana y el ataque a los recursos naturales como táctica militar (Jensen y Lonergan, 2012)^Ref11.

El impacto medioambiental en la etapa transicional está atravesado indefectiblemente por las relaciones interpersonales también como la reconciliación entre civiles y combatientes de grupos armados, la reintegración de excombatientes a la vida civil y la construcción de instituciones democráticas sólidas que reestablezcan la confianza de la población en el Estado. La evolución hacia la paz no implica solamente ausencia de violencia sino también fomento de las condiciones de bienestar social y medidas de adaptación climática para mitigar nuevas posibles crisis.

En conjunción con las vulnerabilidades sociales, cambio climático y formas de la violencia, en la etapa de posconflicto se pueden desencadenar consecuencias políticas, sociales y económicas que hagan peligrar la construcción duradera de la paz ambiental:

-Desplazamiento y competencia por recursos: El cambio climático provoca fenómenos extremos como sequías, inundaciones y desertificación. Estos eventos pueden desplazar a comunidades enteras de sus hogares, creando una competencia por recursos básicos como agua, alimentos y tierras cultivables. En situaciones de posconflicto, donde las tensiones aún persisten, este desplazamiento puede reavivar conflictos latentes entre grupos étnicos o facciones rivales.

-Vulnerabilidad de grupos marginalizados: Las crisis medioambientales afectan de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables, como las comunidades rurales, que a menudo carecen de acceso a recursos y servicios básicos, lo que los hace más susceptibles a la violencia. La falta de medidas estatales de adaptación y mitigación frente al cambio climático exacerba estas desigualdades y aumenta la tensión social.

-Escasez de recursos naturales: El cambio climático afecta la disponibilidad de recursos esenciales como tierras cultivables. En contextos de posconflicto donde la reconstrucción y la reconciliación son frágiles, la competencia por estos recursos puede convertirse en un detonante de nuevas formas de violencia. La lucha por el acceso a tierras, agua y minerales puede generar nuevas tensiones entre comunidades y facciones políticas.

En Latinoamérica, Colombia, Guatemala y El Salvador son consideradas sociedades posconflicto donde el vínculo entre problemas climáticos y violencia está presente. En estos ejemplos en particular, la distribución de la tierra, la justicia transicional y la protección medioambiental han sido elementos de alto impacto en la transición política (Azpuru et al., 2007)^Ref2.

Para el caso de Colombia, aunque el Acuerdo de Paz en 2016 estableció una reforma rural integral ejercida por programas de desarrollo territorial, el modelo de distribución y gestión no ha sido descentralizado como se preveía originalmente y los municipios no han recibido de forma sistemática e integral herramientas de cooperación y autonomía administrativa para ejecutar las políticas públicas diseñadas desde el gobierno central (Garzón Correa, 2024)^Ref8.

Hasta el momento, está pendiente este enfoque holístico y una mejor coordinación entre agencias internacionales, gobiernos, organizaciones sociales y comunidades locales. Precisamente es a nivel de gestión local donde las medidas de reconstrucción pueden resultar eficaces o simplemente un remiendo que relocaliza el conflicto en otras zonas, pero perpetúa la raíz del problema.

La construcción de la paz ambiental o Enviromental Peacebuilding (EPB) se centra en la relación entre conflicto armado y medio ambiente intentando eliminar las dimensiones ambientales del conflicto. En los casos en que la distribución de la tierra fue un factor determinante, los procesos de reforma agraria se consideran fundamentales para desarrollar estrategias de ingresos de las poblaciones locales y no permitir que se reanude la violencia (Bruch, 2022)^Ref5.

Este término no tiene una definición exhaustiva y se puede entender como un grupo de enfoques, procesos y prácticas mayormente provenientes de los organismos internacionales que integran líneas de acción en la protección y conservación de los recursos naturales y medio ambiente en sociedades posconflicto, y sus aportes pretenden contribuir a la seguridad ambiental, la resiliencia al cambio climático y mejorar la sustentabilidad (Alvarado Castro et al., 2022)^Ref1.

A partir de la noción de paz ambiental promovida por agencias internacionales, se han desarrollado diversos análisis teórico-metodológicos que se enfocan en alguna dimensión analítica específica. Estos estudios abarcan, por ejemplo, la dimensión política, que examina las políticas y gobernanza necesarias para la paz ambiental; la dimensión socioeconómica, que estudia el impacto de la gestión de recursos naturales y distribución de tierras; y la dimensión comunitaria o contribuciones locales, que integra perspectivas locales, nacionales e internacionales para abordar la paz ambiental de manera holística. En particular, se destaca la última en cuanto a la importancia de la paz ambiental desde la perspectiva local, como se describe a continuación:

La dimensión política se centra en la inclusión de los actores armados desmovilizados en los procesos económicos y políticos durante el posconflicto como factor crítico para el éxito de la construcción de la paz ambiental sostenible (Verweijen et al., 2022)^Ref21. Los enfoques de paz ambiental que no consideran este aspecto, en realidad, corren el riesgo de generar nuevas formas de deterioro ambiental, afectando principalmente a las poblaciones más marginadas y perpetuando estructuras de inequidad preexistentes en el acceso a la tierra. Sin embargo, la reintegración de estos actores armados desmovilizados debe abordarse con equilibrio en las tareas de reconciliación social, ya que una percepción de trato preferencial podría alienar a las comunidades no combatientes que padecieron el conflicto y obstaculizar la integración (McFee, 2024)^Ref17. La inclusión activa de los excombatientes es esencial para lograr una estabilidad duradera.

Algunas de las medidas son: programas de capacitación y empleo fomentando la inclusión laboral mediante alianzas con empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil; el acceso a los microcréditos y financiamiento económico de proyectos productivos (programas de reemplazo de cultivos en países como Colombia son un ejemplo de ello); y la participación en la vida social y medidas normativas para permitir su reintegración. Por otra parte, la reconciliación se puede apoyar sobre las herramientas provistas a la sociedad civil en cuanto a los aspectos psicosociales (García Peña y Arana Medina, 2018)^Ref7 que eliminen el estigma y permitan la reintegración a la sociedad dejando de lado la desconfianza y el temor.

La dimensión socioeconómica del EPB se agrupa sobre la distribución territorial y el uso de la tierra que se mencionó anteriormente. En el centro de este enfoque está la cuestión de la posesión y gestión de los recursos naturales que no es más que la capacidad de influencia y poder de los diferentes grupos sociales, corporaciones e instituciones del gobierno.

Un informe del Banco Mundial (2022)^Ref3 sobre la gestión del medio ambiente como forma de llegar a la paz, considera como estrategia la diversificación de la economía, rehabilitaciones, de ecosistemas, programas de energías renovables, pesca sostenible, seguridad alimentaria, gestión hídrica, y otras estrategias de gestión de los recursos naturales como la pieza fundamental de la sostenibilidad político-ambiental de largo plazo.

En cuanto a la contribución de las comunidades locales, considera su importancia en la provisión de información y consideraciones del conflicto; así, “los datos en tiempo real que se proporcionan a las comunidades o que se obtienen de ellas pueden respaldar el intercambio transparente de información, mejorar la coordinación y acción colectiva en diferentes escalas y actuar como sistema de alerta temprana” (Banco Mundial, 2022, p. 6)^Ref3.

Este informe ilustra la distinción vertical del EPB que resalta el protagonismo de las agencias internacionales en contraste con los actores locales. Considerar a las comunidades principalmente como fuentes de información y luego como agentes de intervención, corre el riesgo de simplificar cuestiones complejas como la distribución territorial, la naturaleza del conflicto, las raíces de las desigualdades sociales y la estructura política, lo cual puede comprometer la estabilidad en el posconflicto. Así, la ineficacia a largo plazo de los programas de EPB es que su enfoque (como el de la UNDP) prioriza soluciones técnicas y despolitiza la realidad de las comunidades locales (Krampe, 2021)^Ref13.

Aunque la construcción de la paz ambiental abarca diversas iniciativas, sigue dominado por medidas técnicas y da por cierta la premisa de que las partes prefieren involucrarse en cooperación en lugar de perpetuar el conflicto, como un cálculo racional de costo-beneficio. Así, prioriza el valor del mercado de los recursos ambientales, pero no responde a las prioridades y capacidades locales, las identidades sociales y las dinámicas políticas que influyen en el uso de los recursos naturales (Dresse et al., 2019)^Ref6. Por esa razón también, la eficacia del EPB en términos políticos, sociales y económicos sigue siendo limitada.

Enfoques integrales se concentran en el nivel comunitario en integración con el nacional. Tales son los ejemplos de dos estudios con medición de eficacia de las gestiones a nivel local: el primero con base en el municipio de Caquetá en Colombia, precisamente propone un marco de sistema de gestión de recursos naturales, adaptación climática y construcción de la paz sobre la base de algunos indicadores surgidos de factores como seguridad alimentaria, equilibrio de género, diálogo sobre transformación de conflictos, participación política y social e intervenciones de gobernanza (Munoz et al., 2023)^Ref18; el segundo, es un proyecto en el municipio de Cesar que a partir de la pregunta sobre la manera en que el EPB trabaja a nivel de las comunidades, concluye que en este caso la necesidad de acceder, conservar y defender los recursos hídricos (y terrestres) unen a los actores locales y entre grupos mientras cooperan en procesos de autogestión, deliberación y creación de redes (Hatchmann et al., 2023)^Ref12.

En la operacionalización del enfoque local, en Caquetá (Munoz et al., 2023)^Ref18 utiliza factores de construcción de la paz a nivel local mediante indicadores de eficacia como: número de agricultores que se comprometen con la sostenibilidad, porcentaje de acceso percibido a los alimentos, porcentaje de mujeres que participan en el proceso de decisión y actividades de formación, número de procesos de diálogo creados en torno al uso eficiente de la tierra y el agua, porcentaje de participación en acuerdos de conservación forestal, número de espacios de diálogo creados para acuerdos de conservación, e intercambios de conocimiento con enfoque inclusivo, entre otros.

Como se ha analizado aquí, entre las condiciones sugeridas de para lograr una estabilidad sociopolítica duradera, están:

a) Las consideraciones sobre la inclusión de actores armados desmovilizados

b) La inclusión de las comunidades locales en el proceso de reestructuración agraria y uso de la tierra

c) Medidas e indicadores de eficacia de la construcción de la paz ambiental que se centren en sistemas sostenibles de la tierra y uso de los recursos naturales

d) Estrategias de gestión de los efectos del cambio climático para impedir un nuevo círculo de violencia

e) Espacios de diálogo y justicia transicional para la cohesión social.

El EPB ampliamente utilizado por los organismos internacionales aún es limitado en su alcance y no formula resultados de largo plazo ni un andamiaje político-conceptual exhaustivo que sea de utilidad para los múltiples casos de sociedades posconflicto. De hecho, lo que ocurre es que las mismas disparidades, y la naturaleza de las guerras internas se transforma en nuevas formas de la violencia y el enfoque del EPB se centra en aspectos técnicos en vez de cuestiones culturales y sociopolíticas de fondo.

Si bien la reconstrucción de infraestructura es relevante, más aún es hacer parte de la solución a las sociedades posconflicto; de la misma forma, una reforma agraria es importante, pero si está basada en la distribución de tierras de acuerdo con las posibilidades de explotación de recursos donde grandes corporaciones o parte de las organizaciones combatientes formalizan su posesión solamente perpetuará la inequidad y la tensión social.

Acciones coordinadas y colaborativas resultan más efectivas, como la sensibilización y capacitación de tomadores de decisiones para que integren el enfoque de género en las políticas de gestión de riesgo, cambio climático y manejo sostenible de recursos; el monitoreo y evaluación de los proyectos de uso sostenible de la tierra; la participación comunitaria; la integración en políticas y programas a nivel nacional, actores transnacionales y ONGs; las estrategias de resiliencia para los medios de vida ante desastres naturales como la siembra de cultivos resistentes a la sequía y gestión del agua; y la coordinación interinstitucional para lograr los objetivos de gestión de recursos naturales, adaptación al cambio climático y construcción de la paz sostenible.

Los gobiernos comunales y organizaciones sociales locales tienen vivencias y conocimiento específico del conflicto, así como importantes bases para asegurar la reconciliación social y que las políticas medioambientales logren el efecto deseado de una paz sostenible. Las sociedades que han sufrido décadas de fractura interna se favorecen de considerarlas protagonistas del cambio, en vez de agentes de intervención. Por esa razón consideramos el EPB, ha mostrado como tendencia hasta el momento, que es ineficaz en ese sentido.

Las limitaciones del enfoque incluyen una visión macro del vínculo entre el cambio climático y los conflictos sociales en la etapa de transición, la necesidad de empoderar a las comunidades locales, y la falta de una exploración más profunda por parte de la comunidad científica sobre el alcance, las características y los patrones sociales entre el medio ambiente y las formas de violencia en países altamente dependientes de productos primarios de alto valor en el mercado.

Algunos temas que no se analizaron en este trabajo, pero que abren nuevas líneas de investigación, incluyen el estudio de los intereses de naciones y organismos internacionales en la intervención posconflicto y la reconstrucción de la infraestructura con fines económicos, la cuestión de la corrupción a nivel nacional e internacional en la gestión del posconflicto, el rol de los mega emprendimientos económicos (principalmente industrias extractivas), las empresas militares y de seguridad privadas y sus intereses en la explotación de recursos naturales, y las características específicas del crimen organizado transnacional en cada sociedad posconflicto.

En resumen, la paz ambiental no se limita a la gestión de la tierra y los recursos naturales, sino que es una relación con implicancias multinivel que demanda estudios holísticos e inclusivos. Este trabajo enfatiza que las comunidades locales poseen el conocimiento y la capacidad para ser guiadas hacia la autosuficiencia, siempre y cuando cuenten con ciertas premisas que permitan, por ejemplo, la presencia estatal necesaria para asegurar la reconciliación social, el monopolio de la violencia a nivel local y la financiación de una paz ambiental sostenible.

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Breve curriculum de los autores

Malamud, Marina

Marina Malamud es investigadora en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en Argentina con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y provee asesoría en acreditación, innovación organizativa y efectividad institucional en el Colegio Interamericano de Defensa (IADC) en Estados Unidos de América. Es Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Sus principales áreas de investigación comprenden el factor ambiental de los conflictos armados, la sociología militar y sociología de la guerra.